El anuncio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, de ampliar el derecho a la asistencia sanitaria a todos los parados y a sus familias aunque hayan agotado el subsidio por desempleo y su denuncia de que existen personas a las que se le retira la tarjeta sanitaria provocó duras críticas por parte del PSOE, algo que a mi parecer es increíble puesto que lo único que pretende Aguirre es universalizar verdaderamente el acceso a la sanidad y no como hasta ahora, que sólo se tiene acceso a la misma a través de las cotizaciones a la seguridad social, o bien siendo ciudadano de otros país de la UE o inmigrante ilegal sin papeles.
En La razón se publican algunos ejemplos que creo conveniente compartir:
«Un callejón sin salida»
El primer caso con el que no encontramos es con el de C.O.U, separada y madre de tres hijas que según las administraciones a las que ha recurrido forma parte de un «limbo legal» que la deja fuera del derecho a una tarjeta sanitaria.
«Cuando estaba soltera trabajaba como profesora. Durante cinco años desarrollé mi profesión y coticé a la seguridad social, pero al casarme y tener tres hijas decidí dejar mi empleo».
Nunca había tenido problemas hasta que decidió separase de su marido. «Mi ex marido es abogado y nunca tuve problemas porque teníamos derecho a la asistencia sanitaria mediante un convenio existente entre el Colegio de Abogados y la Seguridad Social -explica C.OU-. Mi pesadilla comienza cuando en enero de 2009 decido separame y dejo de ser beneficiaria de la asistencia sanitaria de mi ex marido».
A partir de ese momento, C.O.U, decide pornerse manos a la obra e informarse. En primer lugar acude a la Seguridad Social para plantear su caso y le informan de que no tiene derecho a una tarjeta sanitaria propia, porque a pesar de haber realizado sustituciones como profesora no ha llegado a cotizar un año, que es el mínimo exigido. Pero la sorpresa viene cuando le explican que su caso no puede incluirse en ninguno de los supestos previstos por la ley: «Usted no es parada, ni inmigrante, ni indigente... existe un vacío legal en su caso y no podemos facilitarle la tarjeta. Fue más o menos lo que me dijeron».
«La única solución que me dieron -afirma- fue que me empadronara en casa de mi madre pero eso no es posible puesto que seguiré en el domicilio conyugal con mis hijas y además, me acarrearía muchos problemas para los colegios y tampoco me permitiría acceder a un centro sanitario cercano a mi domicilio».
Desesperada y en busca de una solución, decidió acudir a una institución que estaba segura no le fallaría: el Instituto de la Mujer, dependiente del Ministerio de Igualdad.
Envió una carta a la Asesoría Jurídica de dicha institución y esperó respuesta. «Poco después recibí una carta del Ministerio de Igualdad, en que se me venía a decir que o solicitaba a mi marido los gastos para la sanidad privada en la pensión compensatoria o que si quería asistencia gratuíta me informara en la Seguridad Social. Es decir, la pescadilla que se muerde la cola, sobre todo teniendo en cuenta que yo les había enviado previamente la respuesta de la Seguridad Social».
Ahora, C.O.U, se nuestra esperanzada en la promesa de Aguirre. «Ayer cuando escuché a la presidenta pensé que, aunque en televisión ella sólo hablaba de parados, tal vez podrían solucionar mi caso».
Ahora, carpeta en mano, se dispone a presentar su caso en la Consejería de Sanidad.
Única solución: «darme de alta como autónomo»
Maria P. y su marido trabajaban y disponían de un seguro privado por lo que apenas acudían a su ambulatorio. Hace más de dos años ambos perdieron el trabajo y hace poco también la prestación por desempleo. «En ese momento me quedé embarazada y decidí acudir a mi ambulatorio. Una empleada me informó de que mi tarjeta y la de mi marido ya no eran válidas y que debía solicitar una tarjeta eléctrónica».
Hasta aquí todo normal. Con esta recomendación acudieron a la oficina de la Seguridad Social y cumplimentaron la inscripción tal y como les habían indicado pero poco después llegó la sorpresa. «Una carta nos informaba de que no teníamos derecho a prestación sanitaria al carecer de empleo y al haber acabado nuestro período de cobro del subsidio de desempleo».
«Después de cotizar durante varios años me encontré embarazada y sin tarjeta sanitaria», asegura Maria.
«La única solución que encontramos fue que mi marido se diese de alta como autónomo, a pesar de no tener empleo, para tener acceso a la dichosa tarjeta y que tanto yo como mi hijo pudiesemos entrar como beneficiarios». concluye.
«20 años de cotización máxima para nada»
«En Agosto de 2003 perdí mi empleo y en 2005 el subidido. Poco después acudí a un ambulatorio de Alcobenda con mis hijos y la enfermera me comunicó que mi tarjeta ya no tenía validez y que, según marcaba la ley, no tenía derecho a prestación sanitaria, ni tampoco mis hijos a no ser que los inscribiera como beneficiarios en la tarjeta de algún familiar» afirma A.S.
«Me pareció indignante que, después de haber pagado la cotización máxima durante 20 años, se me negara algó que yo pensé era un derecho para todos».
Tras muchos días de papeleo A.S. tuvo «suerte» y pudo solucionar su situación pero no todos pueden hacer los mismo. «Finalmente yo he podido arreglar todos los papeles para que mis hijos y yo figuremos como beneficiarios en la tarjeta de mi marido, pero me he encontrado con personas que no tienen familia a la que recurrir y que ven como a la pérdida de su trabajo se les une la marginación en la asistencia sanitaria. Es realmente lamentable».
«Durante muchos años he sido independiente de mi marido para cotizar y pagar impuestos, pero ahora dependo de él para ir al médico. Es increíble».
